María Angélica Sánchez. 4 columnas viejas + 1 columna nueva + audio

por La hora del escarnio


Por María Angélica Sánchez

 

Salvajismo Humano. ¿Quiénes son los verdaderos animales?

A demás de tener que soportar la temporada taurina en Bogotá,  en los últimos días tuve que ver unas impactantes imágenes, circuladas por youtube y Facebook,  que mostraban como seis miembros de la policía disfrutan, entre risas y bromas, de la tortura y muerte de una perra indefensa.

A pesar de que el patrullero Misael Ruiz Quintero fue destituido de la policía el pasado domingo 30 de enero,  por participar en el escandaloso video grabado en el 2009 en el municipio de Puerto Tejada (Cauca), los otros cinco implicados no revieron escarmiento alguno, o por lo menos no por parte de la policía ¿La razón?  A pesar de ser bachilleres cuando se grabó el video, en la actualidad ya cumplieron el servicio militar.

Pero entonces ¿será que en Colombia estos hechos violentos contra los animales quedan impunes? ¿Si la policía nacional no tiene ningún poder para castigar a los otros cinco implicados la justicia colombiana tampoco?, además de causar repudio, el episodio de maltrato animal debería abrir nuevamente el debate sobre la posibilidad de que en Colombia se empiece a penalizar con mayor severidad  a aquellas personas que incurran en estos hechos violentos.

En el país existe un Estatuto Nacional de Protección Animal correspondiente a la ley 84 de 1989. En el artículo primero aparece una esperanzadora frase que dice “A partir de la promulgación de la presente ley, los animales tendrán en todo el Territorio Nacional especial protección contra el sufrimiento y dolor, causados directa o indirectamente por el hombre”. Sin embargo, en el artículo tercero aparece otra  frase: “la violación de las disposiciones contenidas en el presente Estatuto son contravenciones cuyo conocimiento compete a los funcionarios descritos en el capítulo décimo de esta ley”.

Pero ¿qué son contravenciones? Según el diccionario de la Real Academia Española una falta o contravención, en Derecho penal, es una conducta antijurídica que pone en peligro algún bien jurídico protegible, pero que es considerado de menor gravedad y que, por tanto, no es tipificada como delito. Entonces, palabras más palabras menos, en Colombia matar brutalmente a un animal no constituye un delito.

En el peor de los casos, un hecho de maltrato animal puede encontrar una máxima condena de 12 meses en la cárcel y en Colombia esa pena es excarcelable… ¡vaya castigo!

Entonces,  es necesario que se modifique el Estatuto, para que los hechos de maltrato animal sean entendidos bajo la ley colombiana como un delito. Habría que analizar ahora, si ese espantoso cuadro de los patrulleros no es el mismo que se observa en una corrida de toros, en donde una multitud  y un torero disfrutan del dolor y muerte sangrienta de un animal que merece, como cualquier ser vivo,  una vida y muerte digna.

Por María angélica Sánchez

Ni bus, ni Transmilenio, ni mucho menos taxi.

Por mi casa, ubicada a un costado de la calle 26, por obvias razones aún no pasa el transmilenio. Los buses, casi siempre,  llegan a mi paradero tan llenos que no se detienen. Entonces el taxi, en ocasiones urgentes, se ha convertido en mi única opción de movilidad. No cabe duda, con el panorama mi bolsillo se ha visto afectado. Sin embargo, hace algunos meses enfrento un problema mayor.

Los taxistas parecen haberse puesto de acuerdo. Ahora ellos y no los pasajeros son los que escogen el destino. Una y otra vez le he hecho la parada a un taxista desocupado para que me lleve al centro y una y otra vez me ha dejado con la mano extendida ¿por qué? creo que a los taxistas hoy en día les disgusta ir al centro, a chapinero, a Normandía, ciudad salitre, al norte y a casi todos los sitios que yo suelo frecuentar.

¿Y cómo no sentir indignación y rabia cuando el taxista, con un “no me sirve”, decide acerar su carro y no tomar la carrera? ¿Acaso los taxis no prestan un servicio público que debería llevar al pasajero a donde lo requiera? Y si ahora los taxistas solo van a donde “les sirve” ¿no hay una sanción que de por terminado este atropello contra la ciudadanía?

Pues bien, desde finales del año pasado en el Código Nacional de Transito se determinó una sanción prevista en el artículo 131 que establece una multa equivalente a 45 salarios mínimos legales diarios vigentes, alrededor de 772.500 pesos, para aquellos taxistas que se nieguen a prestar el servicio. Según el comandante de la Policía de Transito de Bogotá, Juan Francisco Peláez, “si los taxistas son sorprendidos en fragancia, cuando un usuario es víctima de esa conducta y logra manifestar su queja, el taxista puede ser sancionado económicamente”.

En teoría, las multas ayudarían a frenar esa conducta de los taxistas de tomar o no las carreras. Sin embargo, en la práctica no está ocurriendo. Pasados cuatro meses de la medida, no se ha producido cambio alguno ¿por qué? el problema radica en la desinformación de los ciudadanos frente a la existencia de la sanción establecida y en la dificultad para denunciar un caso.

Cuando el comandante Peláez afirma que habrá sanciones si los taxistas son sorprendidos en fragancia, está, sin duda alguna, limitando la oportunidad de que un ciudadano pueda denuncia exitosamente, porqué está claro que Bogotá no cuenta con la presencia de un policía en cada cuadra y mucho menos con una estación que permita que en todos los casos se pueda castigar al taxista por su conducta.

Sería suficiente con una llamada a la Secretaría de Movilidad, para dar inició a un proceso investigativo que termine con estas conductas generalizadas de los taxistas.

POR MARÍA ANGÉLICA SÁNCHEZ

LEYES DE PAPEL

El robo ocurrió hace algunas noches en el barrio Olaya, al sur de la capital colombiana. Daniel, un estudiante de filosofía amigo mío, caminaba hacia su casa, ubicada a pocos metros de una estación de Transmilenio. Ya era tarde, el silencio, casi sepulcral, de la noche fue interrumpido por el ruido de su celular en el bolsillo. Él se apresuró a contestar. ¡Grave error!  A pocos segundos de poner el teléfono en su oído, dos hombres en bicicleta, ambos de mediana estatura y de figura escuálida como un fideo, lo interceptaron y violentamente le arrebataron su maleta y el celular. Afortunadamente para Daniel, justo unos minutos después del asalto, una patrulla pasó por el lugar.

Ya en la madrugada, en la estación de policía, uno de los ladrones, el que tenía 20 años, lloraba incesantemente. Sus ojos, como ríos después de la lluvia, solo dejaban ver su tristeza y desesperanza. El muchacho le suplicaba a Daniel que no levantara cargos legales por el robo. Pero la indignación del estudiante de filosofía pudo más que las súplicas; la sed de venganza colmó el espíritu y el ánimo de mi amigo. Después de tres horas de espera, se le abrió un proceso judicial al muchacho. El otro que participó en el robo, un niño sordomudo de 13 años de edad, solo aguardaba con calma en una de las celdas de la estación.

Al sordomudo, el que llevaba un puñal durante el atraco,  según lo que me contó Daniel, no le hicieron nada, lo dejaron libre. ¿Por qué? los policías le explicaron a mi amigo que el proceso de judicialización en un menor de edad  (aún más menor de 14 años) y con una discapacidad era tan largo, dispendioso y con pocos resultados en la mayoría de los casos, que no valía la pena iniciarlo. ¿Qué? ¿Acaso en Colombia no existe una ley que condene fuertemente este tipo de casos? Y si existe ¿será que solo se encuentra escrita en un papel?

El sistema penal colombiano; con la implementación del código de la infancia y adolescencia, ley 1098 del 2006, y el nuevo sistema de responsabilidad penal para adolecentes; entró en la aplicación de un modelo que permite sancionar a los adolescentes que infrinjan la ley penal en Colombia. Sin embargo, es evidente que esa legislación sanciona de manera poco eficiente a los menores infractores en el país ¿Por qué?

Primero, dentro de la ley colombiana, los menores de 14 años no tienen ninguna responsabilidad penal, por lo tanto no se les está imponiendo una verdadera sanción, en ese sentido, están quedando en la impunidad varios delitos cometidos por los menores por los vacíos jurídicos de la ley.  Segundo, los modelos establecidos en el sistema de responsabilidad penal para adolecentes, en relación al manejo de la resocialización, educación y prevención del menor de 14 años, no son un modelo que asegure y evite la reincidencia en otro delito por parte del menor, lo cual demuestra la debilidad de la normatividad.

Tercero, los centros de internamiento especializados para el cumplimiento de las sanciones impuestas a los adolescentes en este país, son muy pocos y, es evidente, que el Estado no ha destinado un presupuesto muy alto para la construcción de nuevas sedes en todo el territorio colombiano lo cual, ha ocasionado que lo menores no tengan un lugar adecuado para el cumplimiento de su sentencia. Cuarto, las sanciones establecidas para los menores de 14 años y menores de 18, son muy débiles y no se ajustan en proporción a la realidad de los delitos cometidos por los adolescentes; por ejemplo, hay menores que cometen homicidio o secuestro y la pena por el delito resulta ser alarmantemente corta. Y Quinto, los menores que hayan cometido algún delito, no se les abre un pasado judicial que muestre los antecedentes judiciales, lo que genera, sin duda, un gran problema. Si la persona después de ser mayor de edad continúa delinquiendo, no se puede establecer una relación directa con  su reincidencia y prontuario delictivo.

¿Y si además el menor de edad es discapacitado? Según la ley colombiana, si la discapacidad es mental el proceso del menor sería diferente al convencional. Sin embargo, si el discapacitado está en sus plenas capacidades intelectuales la judicialización se realiza como cualquier otra persona. Pero por lo visto eso no es así. En el caso del sordomudo que atracó a Daniel, el proceso sería más largo por el solo hecho de no poder interrogarlo. A los policías les pareció que conseguir un traductor que entendiera su lenguaje, llevaría demasiado tiempo… Entonces fue mejor dejarlo libre y evitarse la fatiga. Obviamente, después de dejarlo libre, ese niño siguió delinquiendo en otros barrios al sur de Bogotá.

En Colombia se necesitan verdaderas sanciones para los menores de 14 años que infrinjan la ley penal, pues aunque la legislación existe, hay aún demasiada impunidad. Deberían existir sanciones drásticas que eviten que el menor vuelva a reincidir en un delito en el futuro. Ojalá que en este caso, la ley no se quede en un papel.

POR MARÍA ANGÉLICA SÁNCHEZ

UN PREMIO CÍNICO

 Hace algunos días,  la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional  de La Plata de Argentina le otorgó al presidente venezolano, Hugo Chávez, el premio de periodismo Rodolfo Walsh, en la categoría “Presidente Latinoamericano por la Comunicación Popular”.  El galardón, que fue instituido en 1997 para estimular la excelencia periodística, premió al mandatario “por su compromiso incuestionable y auténtico en afianzar la libertad de los pueblos”. ¿Qué? ¿Será esto una burla?

“Este premio lo dedico y lo recibo en nombre de un pueblo hermano de ustedes, el pueblo venezolano, que tiene ya muchos años luchando por darle forma a una dinámica de comunicación popular, libre de la dictadura mediática de las burguesías y del imperialismo”, dijo el presidente venezolano, luego de recibir una escultura de bronce.    

Qué cinismo. Para nadie es un secreto que el gobierno de Hugo Chávez se ha caracterizado, más que cualquier otro gobierno latinoamericano, por la violación  de las libertades de prensa. El presidente venezolano ha cometido tantos pecados con los medios que, sin lugar a dudas, es el menos indicado en recibir un premio de periodismo.

 Con Hugo Chávez a la cabeza, se ha atacado incesantemente a los periodistas, el mandatario ha llamado a los medio “terroristas” y, hace algunos años en Venezuela,  se ha desatado una ola de cierre de cadenas de radio y televisión.  En 2004, Chávez logró que su Congreso aprobara la llamada “ley resorte o ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión” que sanciona con multas e interrupciones de la transmisión a quienes no cumplan con los pedidos del estado. Además, permitía al Gobierno hacer uso de las señales de televisión sin aviso ni limitación de tiempo, para emitir sus mensajes. Públicos o privados, los medios estaban obligados a transmitir en cadena nacional lo que el Presidente quisiera.

En el año 2007 el gobierno revocó la concesión a la emblemática RCTV,  un medio de comunicación con una línea editorial fuertemente opositora, que era la única de esa orientación que transmitía por canal abierto a todo el país. Años después, rebautizada como RCTV Internacional, el canal continuó sus transmisiones por suscripción y por cable. Pero en 2010, el gobierno consideró que se trataba de un canal nacional y por lo tanto tenía que  retransmitir las frecuentes cadenas radiotelevisivas del mandatario, por lo que volvió a salir del aire junto a otros cuatro canales en situación similar.

 El 30 de marzo de 2008, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un comunicado en el que condenó “la actitud hostil de Chávez y varios de sus ministros hacia periódicos y periodistas independientes”. Para mediados del 2009, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA nuevas agresiones contra la libertad de prensa y de expresión en Venezuela.

Ahora, después de  aprobarse el pasado diciembre de 2010 la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos -la cual ha derogado a la anterior “Ley Resorte” de 2004-, se ha abierto un nuevo debate sobre una ley que abiertamente censura a los medios de comunicación en el país venezolano.

Sin duda, Hugo Chávez se ha encargado de generar una hegemonía dentro de los medios de comunicación  venezolanos. Muestra de ello está en su tan reconocidos programa televisivo “Aló presidente”, cuya duración, aproximadamente de seis horas, ha provocado un centenar de críticas. Además, sin duda, Aló Presidente es un programa de intervencionismo gubernamental en los medios de comunicación públicos.

Los hechos hablan por sí solos. Sin duda, yo considero el premio a Chávez como una burla en la cara de cualquiera que tenga como principio el respeto a la libertad y a los valores democráticos.  Es evidente, que Chávez es quizás la última persona en América del Sur que debería obtener un reconocimiento por velar por la preservación de la libertad de expresión.  Chávez, en cambio, debería ser llevado a la cárcel por los continuos vejámenes en contra de los periodistas.

POR MARÍA ANGÉLICA SÁNCHEZ (COLUMNA NUEVA)

 JUSTICIA HUECA

 La ineficacia de la justicia en Colombia es indignante. Los vacíos legales en nuestro país en vez de castigar el delito lo premian.

En Colombia hay muchos casos que demuestran la ineficacia judicial. Basta con recordar el caso del señor Garavito, violador de más de 200 niños, para sentirse indignado por la corta condena que se le impuso. Aun no se sabe cuándo saldrá, lo que es cierto es que saldrá. Entonces ¿en dónde está la justicia en Colombia? sin embargo, quisiera dejar de lado al señor Garavito, que tantas páginas de periódicos y programas de televisión ha protagonizado, para dedicarme a retratar otro cuadro que dibuja el poco alcance y la poca efectividad de nuestra irrisoria justicia.

¿Se acuerda usted del caso de la teniente coronel Luz Eugenia Molta? ¿No?

En la madrugada del 14 de abril de este año, las autoridades recibieron una llamada en donde se alertaba sobre un accidente de tránsito en la avenida Boyacá con calle 132. Al parecer, un vehículo a alta velocidad tocó el separador, se llevó una señal de tránsito y dio varias vueltas. Por fortuna no hubo muertes que lamentar.

¿Las causas del accidente? Nada más y nada menos que una mujer de la policía, uniformada, en estado evidente de embriagues.

Como era de esperarse, un día después de conocerse la noticia protagonizada por un miembro de la policía, el director de esa institución, el general Óscar Naranjo, prometió sanciones ejemplarizantes para la oficial y una pronta investigación sobre el tema.

No hay duda, el caso de la coronel llama la atención porque ella representa una institución encargada de controlar el orden ciudadano y de promover la no mezcla de alcohol con gasolina. El caso salió en noticiaron y periódicos. Todavía me acuerdo el rostro de indignación del general Naranjo cuando salió a dar la cara por los actos de Molta.

Y es que basta con revisar las cifras de accidentes ocasionados por conductores en estado de embriagues para pensar que el acto irresponsable de la teniente coronel pudo dejar heridos o muertos (según cifras oficiales en la capital en el año 2011 han ocurrido 188 accidentes por causa del licor).

Claro, la teniente coronel como mínimo debe estar destituida. Eso pensé yo antes de investigar sobre el caso. Pero como era de esperarse una vez más nuestra justicia cojea. Hoy un mes después del accidente la coronel Molta sigue perteneciendo a la institución y la investigación disciplinaria que la inspección general desarrolla aun no entrega resultados.

Lo único que cambio desde la noche del accidente es que como medida preventiva Luz Eugenia Molta fue separada de sus funciones y en “castigo” disfruta, actualmente, de un periodo de vacaciones.

Pese a que conducía en estado de embriaguez y  a lo aparatoso del accidente aun no se conocen sanciones. Y entonces, al igual que pasa en el caso de Garavito,  me pregunto ¿en dónde está la justicia en Colombia?

No cabe duda, la justicia está pero terriblemente hueca.

COLUMNA DE AUDIO 

Por María Angélica Sánchez : ENTRAR LINK  (NO LO PUDE PONER DE OTRA FORMA)

 http://soundcloud.com/angelicasl/columna-audio-1#

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