Los medios a medias en Venezuela

por La hora del escarnio


Por: Ángela Sampayo

Los medios de comunicación en Venezuela parecen volver a apretarse por la legislación que no les permite criticar las acciones del jefe de Estado, o si quiera insinuar la situación de desigualdad que vive el país, situación que atañe a medios nacionales y señala a otros internacionales.

 

Desde el 2004 cuando se aprobó la Ley de Responsabilidad Social para Radio y Televisión, siglas Resorte, o también llamada “Ley mordaza”, esta ha sido una de las limitantes con las que conviven la radio y televisión en Venezuela, y que desde el 2010 se amplió a Internet. Dicha ley pretende desde hace años regular la información que trasmiten los medios alineados, según el gobierno, con la oposición. Se permite el acceso general a la información por parte de los ciudadanos pero se restringen, limitan y criminalizan los contenidos y el libre intercambio de información.

 

Bajo este contexto toda información que circula en Venezuela debe pasar primero por un filtro del gobierno, donde se decide si se puede o no publicar dicha información. Tal es el tamaño de control de esta ley que en 2010 la Comisión  Nacional de Telecomunicaciones en Venezuela, CONATEL, sancionó a Globovisión, canal televisivo en Venezuela, por anunciar que acababa de ocurrir un temblor antes de que el gobierno diera permiso de trasmitir el hecho. El canal fue multado por saltarse el orden que debe llevar la información antes de ser pública.

 

Recientemente en distintos periódicos nacionales e internacionales han tenido presencia noticias sobre cómo el Ministerio de Comunicación e Información (Minci) tiene en una de sus oficinas un cartel donde señala a distintos medios internacionales, dueños, editores, y corresponsales, como el “Pulpo Mediático”. Tal rotulo alude a que dichos medios de comunicación sirven de instrumento para que el “Neocolonialismo europeo”, la “Oligarquía latinoamericana” y el “Neoliberalismo estadounidense”, grupos en los cuales se encuentran clasificados los medios internacionales, vayan en contra de Venezuela. Dentro de la clasificación aparecen medios radiales como Caracol y RCN, de Colombia, y agencias noticiosas como la Associated Press (AP), con signos en rojo. Además de esto, se ha presentado un atentado a un canal de televisión, el pasado 31 de julio, donde dos personas resultaron heridas; el ataque contra la sede regional del canal público ‘Vive’, en Zulia, “pretendía ser un acto de intimidación” dijo el presidente del canal. Esta sede ha sido victima de recientes robos y asaltos, donde se ve la clara intención de acallar al medio que ha estado incesante denunciando las mafias que circulan abiertamente en Zulia, y trabajando con las comunidades indígenas y los campesinos.

 

El panorama que presentan los medios de comunicación es crítico, porque pese a que esto no es un hecho nuevo, las acciones del oficialismo y de bandas clandestinas que castigan bajo criterio y mano propia impiden el deber de los medios de comunicar e informar a la población de los hechos y sobre todo poder crear un criterio donde las personas saquen sus propias conclusiones de lo que pasa, sin necesidad de dirigir el pensamiento o en el peor de los casos censurarlo. Es evidente que tales leyes y acciones oficiales impiden una democracia participativa y protagónica, la solidaridad y la integración de un país.

 

El gobierno tiene la potestad de bloquear aplicaciones, censurar la prensa, filtrar franjas de información, vigilar el tráfico cibernético, controlar políticamente a los proveedores, y también encausar selectivamente para intimidar genéricamente a cualquier medio. Califica como “infracciones muy graves” la difusión de contenidos que “promuevan, apologicen o inciten al irrespeto a las instituciones y autoridades legítimas” como diputados, magistrados, jefe de Estado, ministros, autoridades electorales o militares, de acuerdo con la propia ley Resorte, se establecen multas absolutamente desproporcionadas, para el contexto venezolano, que podrían sumar hasta 350.000 dólares estadounidenses. Curiosamente, el presidente, y todo aquel que pertenece a la revolución, sí puede romper con todas estas restricciones y hablar ampliamente sobre cualquier tema, utilizando palabras soeces o criticando fuertemente a la oposición, sin importar las repercusiones que esas palabras puedan tener.

 

El control del gobierno venezolano no tiene límites. Y aunque la situación actual del presidente produce un sentimiento de compasión por su estado de salud, pareciera que todo funcionara como una cortina que distrae la atención de problemas como el de los medios de comunicación y que tiene como fin último comprar con mucha inteligencia la aceptación de los ciudadanos para que Chávez siga en el poder por unos cuantos años más. La problemática que a veces se torna invisible por su mismo carácter común no se puede desentender de la realidad venezolana, que apresada por leyes y dictámenes, debe reflexionar sobre las acciones de sus mandatarios y dar cuenta de cómo es la dinámica en el país, donde probablemente el común denominador de la sociedad es no poder cuestionar sobre su día a día, en vez de ser la característica general de un pueblo próspero que busca su beneficio.

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