Intolerancia Estatal

por La hora del escarnio


A Daniel Zamudio, chileno de 24 años, lo agarraron a puños y patadas hasta que quedó en coma. Solo por ser gay, Daniel fue golpeado hasta la inconciencia y su cuerpo marcado con esvásticas.

“El solo hecho de tener otra preferencia sexual a lo estipulado en la sociedad me hizo vivir una vida doble, dos ricardos, dos niños jugando con amigos y a la misma vez pensando qué sería esa sensación extraña al tener contacto físico con ellos”, me escribió un día mi amigo Ricardo, quien tuvo que irse a vivir a Argentina para poder asumir su sexualidad sin sentirse como un marginado social.

He hecho ya las paces con la idea de que siempre va a haber gente intolerante en el mundo: homofóbicos, xenofóbicos o simplemente gente que teme lo que no entiende y por eso lo ataca. Situaciones como la de Daniel Zamudio seguramente, y por desgracia, seguirán pasando. Con lo que me niego a hacer las paces es con la idea de un Estado (sea colombiano, venezolano, irlandés, norteamericano) que no garantice los derechos de todos por igual y que no proteja por medio de la ley a las minorías.

Según Navi Pillay, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, al menos 76 países criminalizan la homosexualidad por medio de las leyes o con “vagas prohibiciones que se aplican de forma discriminatoria” contra la comunidad LGBT. Además, hay todavía cinco países en los cuales tener relaciones sexuales con alguien del mismo sexo se castiga con la pena de muerte (Arabia Saudí, Yemen, Mauritania, Sudán, Somalia).

Por supuesto, la discriminación contra la comunidad LGBT, y ni hablar de la criminalización de la homosexualidad, son violaciones de la ley internacional de derechos humanos. Entonces, el problema no es solamente que existan salvajes que maltraten, asesinen y torturen a los homosexuales sino que, además, aquellos que deben crear las leyes de un país y velar porque se cumplan permiten, a través de la omisión o de la acción directa, que estas salvajadas ocurran.

No puede pretenderse que la sociedad sea más tolerante y que todos nos tratemos como iguales, si el Estado, es decir, el ente que representa el orden y la estructura de la sociedad, no lo establece como parte de las normas por las que los ciudadanos deben regirse.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU se pronunció pocos días después del ataque a Daniel. Ojalá que, al menos, este chico sirva como detonante de una reacción de parte del gobierno chileno, y de todos, que se dirija hacia la construcción de un Estado más justo e incluyente.

Daniella Mendoza Villegas.

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