Usted es el próximo preso de este país

por La hora del escarnio


Apolinar León perdió su cédula y terminó en la cárcel, fue condenado por porte ilegal de armas. Alexander Amaya fue suplantado por su hermano medio y hoy está condenado por hurto agravado. Leonor Rueda le hizo un favor a su mejor amiga para que recibiera un giro del exterior a través de su cuenta, y ahora es procesada por lavado de activos.  Casos como los de ellos visualizan el riesgo, en el que estamos todos, de caer en la bolsa de injusticia.

Los 3 son víctimas del sistema penal colombiano, un remedo prematuro del norteamericano. Hoy no podemos confiar en nuestro poder judicial, y ese es el costo de copiar a los gringos en el marco penal. Para entenderlo debemos saber que hay oferta de justicia, lo que necesitamos que resuelvan los jueces, y demanda de justicia, lo que los jueces resuelven. En Colombia no se pueden atender las demandas sociales de justicia, lo que se traduce en una figura de impunidad.

Pero para poder reconocer así a la impunidad hay una definición, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que corresponde a la “falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento, condena de los delincuentes y reparación a la víctima”. En Colombia cabe perfecta esta definición ya que, en efecto, la velocidad con la que se generan los delitos es mayor que la velocidad con la que el Estado los atiende.

Si compartimos la idea anterior, la impunidad en Colombia sería la consecuencia propia de pretender resolver todos los males del país mediante la aplicación del sistema penal: lo que en defecto es así. Por eso la medición de la impunidad estaría directamente determinada por la medición de la criminalidad, ya que si no podemos cuantificar con exactitud los casos impunes, tampoco podremos saber exactamente cuántos verdaderos criminales están trabajando libres.

Según un estudio Colombiano desarrollado en el 2010 en Colombia por los expertos Sneider Rivera y Luis Barreto, los casos se divide en dos grupos: los procesos terminados, que equivalen a un 26,1% -de los cuales el 80% son en flagrancia- y los procesos vigentes, que son un 73,9%. Es decir la mayoría de casos no se han resuelto y la mayoría de los que ya se resolvieron fueron porque el culpable se capturó en el momento del delito.

Para controlar esta alarma que siempre hemos tenido, es decir, para evitar meter más ciudadanos inocentes a la prisión se implantó, de manera aprezurada, un dudoso sistema penal colombo-norteamericano que se caracteriza por su carácter reactivo. Los gringos trabajan en la gestión o administración de la impunidad o de la criminalidad en sí misma, pero no en la prevención de ellas. Su sistema se basa en perseguir a los delincuentes como si el delito fuera un fenómeno natural en los ciudadanos. Lo que no es así, los delitos tiene una explicación social por un conflicto interno.

Si el Estado colombiano continúa con una postura represiva frente al crimen, en otras palabras, expande la criminalización de conductas y amplía las penas, la “eficacia” del sistema penal será limitada y se materializará en patios carceleros llenos de presos inocentes. Entonces sí tenemos la razón con nuestra noción de crisis permanente en la justicia, porque la multiplicidad en los delitos por el problema social y la exageración en la judicialización de conductas es lo que desborda la capacidad del sistema para investigar, juzgar y hacer justicia penal.

En el modelo norteamericano que es el que copiamos desde el 2005, según el estudio de Rivera y Barreto, se intenta frenar el problema con reformas a la legislación penal. Estas reformas generan altos gastos del dinero público en justicia. Lo que es un problema ya que somos unos expertos en legislar reformas como soluciones al fenómeno. En los últimos 8 años el Congreso de la República ha aprobado 32 leyes relacionadas con modificaciones o adiciones al Código Penal. Ahora, para variar, entramos en otro debate por una posible reforma a la justicia.

Queda claro que la reducción de la impunidad no depende de cambios en un sistema procesal; depende, más bien, de la existencia de un plan de convivencia que nos obligue a cumplir un derecho penal mínimo. Es una propuesta que requiere  menos gasto público. Le podemos apostar a un sistema penal que no utiliza medios punitivos o autoritarios y que reconoce que el derecho penal no es el único medio, ni tampoco el más importante, para prevenir los delitos, que muchas veces no corresponden a esta tipificación.

La situación de Leonor, Alexander, Apolinar o la de cualquiera de miles de ciudadanos que viven en el anonimato está demandando construir una nueva manera de pensar los problemas de la justicia colombiana. Cambiar ese sistema que dedica más recursos a castigar a un ciudadano de los que ese ciudadano, inocente muchas veces, está en capacidad de generar.

Por: Daniel Alejandro Pinilla Cadavid

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