Blindaje militar

por La hora del escarnio


A pesar de la aprobación, casi unánime, en la plenaria de la Cámara de Representantes de la reforma a la Justicia Penal Militar sigue la polémica por las modificaciones que allí se incluyen y que crean, entre otras cosas, un código penal, un fuero carcelario y un tribunal especial para miembros de las fuerzas armadas.

Y es que el controvertido proyecto busca alejar a los militares de la justicia ordinaria para llevarlos a un juzgado especial integrado por miembros de la fuerza pública y de la sociedad civil para así determinar la suerte de aquellos que pasen por encima de la ley aprovechando el monopolio de las armas.

Pero a partir de ahí ya empiezan a surgir las dudas sobre la viabilidad del proyecto puesto que ¿cómo pretender que integrantes de una misma institución participen en los juicios de quienes se encuentren en una misma línea de pensamiento, orientada desde el mismo gobierno y no continuar con la independencia de poderes? De esta forma, los miembros de las fuerzas militares que integren estos tribunales estarán en defensa de quienes comentan abusos contra la sociedad civil puesto que juzgar una acción militar sería ir en contra de una política de seguridad y por ende en contra de los lineamientos de la institución para la cual trabaja; lo que seguramente afectará los casos de “falsos positivos”.

Ahora bien, el fuero carcelario nace como una idea para alejar a la fuerza pública y militar de la delincuencia común en las cárceles del país con el argumento de que es perjudicial para el sistema carcelario tener en el mismo lugar a perseguidos y perseguidores. Lo cual desestima, de primera mano y sin deliberación alguna, la reorganización de patios en las cárceles del país para evitar encuentros entre “héroes” y villanos. Además, la creación de nuevos centros de reclusión generaría un gasto público más, puesto que, si se es coherente, no se puede pensar en ubicarlos en cárceles militares luego del escándalo del “Tolemaida Resort”.

Lo más absurdo del proyecto viene con la posibilidad de crear un Código Penal Militar y otro Policial, debido a que esto lo que busca es legitimar las acciones de la fuerza armada y darle validez a los actos policiales, en donde seguramente el argumento de defensa propia se paseará por los juzgados y los excesos de la fuerza armada no podrá ser comprobada mientras existan dos códigos distintos para juzgar a una misma persona. Queda claro que lo que se quiere es alejar a policías y militares de los códigos civiles para buscar sus delitos en artículos que justifican sus acciones.

Quedan seis debates para decidir el futuro de la Justicia Penal Militar, pero con la apabullante victoria del sí en la cámara será muy difícil que el panorama cambie. Confiemos en que los honorables senadores y representantes a la cámara de este país modifiquen esta iniciativa y evite un posible blindaje militar.

 

Néstor Peña

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