La verdadera guerra

por La hora del escarnio


Robby Ospina – columna nueva

Más que sistema político, Colombia tiene algo así como un sistema de privilegios. Y hay para todos los gustos: privilegios políticos, económicos y sociales. Por ejemplo, el país cuenta con un régimen tributario que cobra más impuestos a lo pobres y menos a los ricos. Y ni hablar de los políticos, pues durante casi 80 años sólo unas pocas familiar tuvieron posibilidades reales de hacerse con el timón del Estado.

Sin duda, ese amplio ramillete de privilegios ha ocasionado serios problemas: como la violencia, los altos índices de pobreza y, por tanto, el descontento social. Pero quizá, uno de los privilegios que más ha causado estragos en Colombia es la Ley 100 de 1993, que diseñó y reglamentó un nuevo sistema general de seguridad social.

En el mes de septiembre de 1992, el mandatario César Gaviria decidió presentar su propuesta de reforma ante la Comisión Séptima de la Cámara y Senado. Ese día empezó el proceso de creación de un nuevo sistema pensional y de salud para Colombia, que se dijo iba a estar regido por los principios de competencia, libertad ciudadana y apertura de mercado.

En síntesis, Gaviria, proponía un régimen pensional de capitalización individual en remplazo del modelo de repartos. Lo que significaba que a partir de la aprobación de la ley, la obligación por concepto de pensiones de las personas jubilados ya no sería asumida por los aportes de los trabajadores activos, sino que saldría de los ahorros de cada uno de los contribuyentes.

Hasta ahí, (para no complicarnos con cifras), todo bien. Pero César Gaviria y su MiniTrabajo, Luis F. Ramírez, cometieron un gravísimo error: decidieron excluir de la reforma al sector privado. Es decir, a diferencia de los trabajadores del sector público los funcionarios del Estado conservaron los excesivos beneficios del sistema de repartos. Por ejemplo, muchos de ellos aún se pensionan antes de los 50 años y gozan de primas extraordinarias. Llamemos a eso privilegios.

Casi 20 años después de la reforma el panorama es aterrador y todo por no aplicar la ley a todo el mundo, como debería ser. Así, el Estado tiene que soportar una deuda por concepto de pensiones que le devora el 4.5 del PIB. Y pese a que gaste mucha plata no todas la personas tienen la certeza de contar con un pensión en la vejez. Las tasas de cobertura también son para sentarse a llorar: sólo el 26 % de la población económicamente activa cotiza en algún fondo de pensiones, de acuerdo a los estudios de Fedesarrollo.

Queda claro, entonces, que la verdadera guerra no es contra la guerrilla, sino contra el sistema de privilegios que tiene en jaque al Estado colombiano.

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